El Gobierno ha dado un paso más en su lucha contra la expansión del coronavirus, aunque bordeando la frontera de los derechos fundamentales. La Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos que dirige Nadia Calviño, ha aprobado una norma para autorizar el desarrollo de una app móvil que permita a las autoridades sanitarias la geolocalización de todos los ciudadanos a los “efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar”.
Así consta en una orden ministerial publicada el pasado 28 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que se atribuye al Ministerio de Sanidad una serie de prerrogativas para poder controlar mejor la expansión de la Covid-19.
Entre esos poderes está el del “desarrollo urgente” y la “operación de una aplicación informática para el apoyo en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, que permita, al menos, realizar al usuario la autoevaluación según los síntomas médicos que comunique, acerca de la probabilidad de que esté infectado, ofrecer información al usuario sobre el virus y proporcionarle consejos prácticos y recomendaciones de acciones a seguir según la evaluación”.
No obstante, la norma detalla, y ahí radica la novedad, que “la aplicación permitirá la geolocalización del usuario a los solos efectos de verificar que se encuentra en la comunidad autónoma en que declara estar”, y que la misma “puede incluir dentro de sus contenidos enlaces con portales gestionados por terceros con el objeto de facilitar el acceso a información y servicios disponibles a través de Internet”.
SANIDAD vs LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
No obstante, ninguno de los dos departamentos ha hecho referencia alguna a que la app móvil pudiera controlar la veracidad de los datos de ubicación de los ciudadanos durante el confinamiento, una prerrogativa que puede chocar con la Ley de Protección de Datos.
Para evitar esta colisión legal, la norma publicada en el BOE indica que la aplicación no constituirá, en ningún caso, “un servicio de diagnóstico médico, de atención de urgencias o de prescripción de tratamientos farmacológicos”, ni “sustituirá en ningún caso la consulta con un profesional médico debidamente cualificado”.
El tratamiento de los datos se encomienda al Ministerio de Sanidad aunque el encargado del tratamiento y titular de la aplicación móvil será el de Economía, a través de la Secretaría General de Administración Digital.
Fuente: El País
