La Administración de Justicia, a través de la Comisión de Coordinación que gestiona el Covid-19, ha acordado mantener la fase 1 de la desescalada en la Administración de Justicia. La decisión, que supone continuar con la prestación del servicio con entre un 30% y un 40% de la plantilla, se ha adoptado ante la necesidad de seguir analizando en cada sede judicial y resto de servicios las medidas de seguridad necesarias.
Tanto el ministerio, como el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y las 12 comunidades autónomas con competencias transferidas han transmitido durante el encuentro que los primeros cuatro días de reincorporación programada de los funcionarios judiciales han transcurrido con normalidad y sin incidentes reseñables.
Sin embargo, la mayoría de las administraciones que tienen atribuida la gestión tanto de los medios como del personal en los juzgados, tribunales, fiscalías y el resto de servicios han expuesto la necesidad de continuar en la fase actual, iniciada el pasado martes.
La Orden del Ministerio de Justicia por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada en la Administración de Justicia ante el Covid-19, publicada el pasado 9 de mayo, prevé que la fase 1, denominada “Inicio de la reincorporación programada”, se prolongue durante al menos una semana, siempre en función de los cambios de escenario en la lucha contra el coronavirus que establezca el Gobierno y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.