Aunque la crisis sanitaria generada por el COVID-19 no ha sido el único motivo del colapso experimentado por la Agencia Tributaria, las medidas cautelares que impone la ley a quienes pleitean con Hacienda se han visto fuertemente golpeadas por la pandemia.
El problema es tan relevante que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha estimado, a través de su plan de choque, que los procedimientos tributarios actualmente en curso, solo en la Audiencia Nacional, suponen nada menos que unos 8.000 millones de euros. De esa cantidad, más de tres mil están afectados por medidas cautelares. Es decir, que están bloqueados pese a que la economía española vive un momento excepcional. Los 5.000 millones restantes se han pagado, aunque continúe en marcha el procedimiento judicial.
Esos 3.000 millones, de hecho, corresponden a pleitos que el contribuyente ha tenido que cubrir con recursos propios, ya sea mediante avales, que tienen un importante coste financiero, hipotecas o seguros de caución, que es una garantía que se pide para hacer frente a una obligación por parte del cliente frente a un tercero, en este caso Hacienda. El contribuyente debe cubrir, en concreto, no solo la deuda tributaria, sino también el apremio y los intereses.
La última reforma de la Ley General Tributaria estableció que, para asegurar el cobro de las deudas tributaria, se podrían “adoptar medidas cautelares de carácter provisional” cuando existieran indicios racionales de que “dicho cobro se vería frustrado o gravemente dificultado”.
FUENTE: El Confidencial
