El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha valorado y reconocido el esfuerzo de los funcionarios durante la crisis del Covid-19 y les ha pedido un compromiso adicional para lo que queda del estado de alarma y los tres meses posteriores.
Campo ha expuesto a las centrales medidas excepcionales para garantizar la salud de la plantilla y los operadores y afrontar la especial afluencia de asuntos por efecto del confinamiento. ‘La situación es grave, este país os necesita’, ha destacado.
El ministerio de Justicia está diseñando, en colaboración con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Abogacía, la Procura y los graduados sociales, una hoja de ruta consensuada que incluye medidas urgentes y extraordinarias de calendario, movilidad y jornada.
Asegura que la salud de todos los funcionarios y operadores que desarrollan su labor en los juzgados y tribunales es la principal prioridad del ministerio y las comunidades autónomas competentes. Por ello, ha mostrado su compromiso con seguir dotando a todos los trabajadores con las necesarias medidas de protección personal con el objetivo de minimizar al máximo los posibles contagios que se puedan producir.
Con ese mismo ánimo, el ministro se ha referido a la distancia que, para evitar la propagación del virus, deberá mantener la plantilla en su futura vuelta al trabajo. Por eso ha planteado que la jornada laboral actual se divida en turnos de mañana y tarde. La adscripción a los distintos turnos se haría de modo voluntario y negociado.
El ministro también ha planteado las posibles dificultades para cubrir todas las plazas debido a la necesaria distancia, la incidencia de la enfermedad o la pertenencia de los trabajadores a los distintos grupos de riesgo. Por esa razón ha planteado autorizar la movilidad de los funcionarios entre órganos judiciales del mismo orden jurisdiccional y siempre en la misma localidad en la que se encuentren destinados, una medida también sometida a negociación.
Por último, se ha referido a la necesidad de habilitar algunas semanas de agosto para sacar adelante el previsible incremento de asuntos que se producirá tras el levantamiento del estado de alarma. El Gobierno se ha comprometido a aprobar planes de choque en las jurisdicciones Social y Contencioso-Administrativa, así como en los juzgados de lo Mercantil.
